El Defensor del Pueblo denuncia malos tratos en muchos centros de menores
La denuncia se refiere únicamente a centros de protección en los que jóvenes en situación de dificultad social, con o sin trastornos de conducta asociados, viven bajo la tutela de las administraciones públicas. Estremece pensar qué ocurrirá en otros tantos centros cerrados en los que son internados por mandato judicial aquellos otros jóvenes que han cometido algún tipo de delito.
En ambos casos, estas instituciones dependen de las administraciones públicas pero están gestionadas en su mayoría por fundaciones privadas, sin que exista mucho control ni sobre la procedencia o cualificación del personal contratado ni sobre los "Proyectos Educativos" que en ellas se desarrollan. Tampoco es fácil para los chicos y chicas que allí residen denunciar las irregularidades de las que son víctimas, pese a lo que se han apresurado en afirmar algunos.
El informe que la Oficina del Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso de los Diputados señala que estos centros se escudan en "medidas educativas creativas" o "medidas correctoras" para castigar a los menores, dejarles sin comer, maltratarles psicológicamente, o prohibirles la asistencia a clase o la salida al patio durante una semana. Asimismo, la gran mayoría de estas instituciones llevan a cabo "contenciones físicas", y hasta en el 75% de las mismas se suministran fármacos a los menores en casos de grave alteración.
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